Las protestas se multiplican. Hay que insistir en que éstas deben ser pacíficas y que la violencia no se justifica; acciones contra la vida, la salud o la propiedad de otros deslegitiman la protesta. Pero partamos de este hecho fundamental: el reclamo popular es legítimo. Tiene razón de ser. No es por capricho ni por manipulación: responde a una realidad y a un sentimiento popular.

La realidad es la tremenda injusticia social que hay en nuestra patria. La empresa Southern registra ganancias por más de 500 millones de dólares pero no puede respetar el valle de Tambo y sus agricultores. La empresa Shougang despide a 60 trabajadores que son terciarizados, es decir contratados por una intermediaria, por el solo hecho de estar en huelga, y ante la protesta la policía mata a un manifestante. En las azucareras Tumán y Pomalca del grupo Oviedo no se respetan las obligaciones laborales básicas ni pagan impuestos gracias a una ley especial, cuando ¡oh coincidencia! el hermano del gerente resulta ser el congresista fujimorista Héctor Becerril. Ante esta protesta los agentes de seguridad privados contratados por Becerril hirieron a 6, uno grave, y luego sicarios mataron por la espalda a un poblador que propagandizaba una marcha, pero no hay nadie preso.

El gobierno favorece las importadoras de alimentos en perjuicio de cientos de miles de arroceros, maiceros y ganaderos lecheros que ahora verán reducido su mercado y sus precios, pero para el MEF esos emprendedores no valen. Mientras a un pequeño comerciante le cierran su empresa si incumple con la SUNAT, a las empresas que exportan nuestro gas de Camisea – entre las que está Hunt Oil asesorada por PPK – pueden ir hasta un tribunal internacional para defender la trafa que hicieron por 60 millones contra el estado peruano.

La política económica de gobierno está orientada a beneficiar a las grandes empresas, mayormente trasnacionales. Los trabajadores carecen de derechos laborales básicos y este gobierno de la CONFIEP se resiste desde hace casi 3 años a aumentar el salario mínimo. Las mineras siguen teniendo hiperganancias pero en vez de captar esta renta a favor de los peruanos se insiste en que la única forma es rematar más nuestros recursos naturales aunque sea a costa de sacrificar nuestro ambiente. Los agricultores y pequeños empresarios son ninguneados y desfavorecidos,

Frente a tanta injusticia, la protesta se justifica. Es legítima. Tenemos derecho a pedir el cambio de esta política económica neoliberal. Hagámoslo de manera pacífica para que el gobierno, el MEF y la CONFIEP nos escuchen.